Susana Villarán: De las campañas millonarias a la prisión preventiva

Cronología de los hechos por los que se le acusa a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a su entorno más cercano

JUEVES, 16 DE MAYO DE 2019

Todo empezó el 16 de abril del año 2010. Susana Villarán aún no era alcaldesa de Lima, y la gestión de Luis Castañeda Lossio se dirigía al final de su período. Antes de las elecciones municipales de ese año, aquel 16 de abril llegó una propuesta a la Municipalidad de Lima: la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de dicha Municipalidad, recibió la iniciativa privada Línea Azul —posteriormente Vías Nuevas de Lima, y después Rutas de Lima— de parte del consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S. A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S. A.

El 1 de enero del siguiente año, en 2011, Susana Villarán luego de afrontar una campaña ajustada con la candidata del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, asume la alcaldía. Su primer año transcurre sin mayores complicaciones, y el 6 de enero de 2012 nombra a José Miguel Castro Gutiérrez como gerente municipal metropolitano. El 3 de mayo del mismo año,Castro Gutiérrez plantea ante sesión de concejo la importancia de que la propuesta Vías Nuevas de Lima, fuese declarada de interés público. Ese mismo día se aprueba y, algunos meses después, el 18 de septiembre de 2012, se adjudica el proyecto al concesionario encabezado por Odebrecht, un proyecto claramente ambicioso que consistía en rehabilitar la infraestructura de las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé, en una extensión de 115 kilómetros a través de 23 distritos, con una inversión millonaria.

Hasta ese momento las críticas a la gestión de Susana Villarán habían sido asiduas y se centraban en su “incapacidad” por supuestamente incumplir con obras de infraestructura (como las escaleras y muros de contención) y seguridad ciudadana (se denunciaba un recrudecimiento en robos y actos delictivos). Precisamente en octubre de 2012, aquel descontento de un sector de la población se cristalizó en el recojo de más de 400 mil firmas, lo cual fue el primer paso para un proceso revocatorio en su contra. Así, en enero de 2013, la ciudad de Lima se vio envuelta en una nueva campaña; esta vez, para que Villarán no termine su mandato.

La campaña es notoria por el gran aparato publicitario a favor del “No” a la revocatoria, y sus grandes gastos, visibles y contables. En medio de la campaña, un hecho pasa casi desapercibido: la firma del contrato entre la Municipalidad de Lima y el consorcio liderado por Odebrecht, el 9 de enero, por el Proyecto Vías Nuevas de Lima que involucró una concesión de peajes de 30 años.

Un año y dos meses más tarde, el caso de pago de coimas y financiamiento oculto de campañas Lava Jato explota en Brasil, y en junio de 2015, alcanza al Perú luego de que el Ministerio Público abriera una investigación al expresidente Alejandro Toledo por presuntos pagos de coimas de la constructora brasileña Camargo Correa que reveló Convoca.pe en alianza con la plataforma periodística Brío, de Brasil. A fines de 2016, Odebrecht empieza a negociar un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana y se inicia una serie de declaraciones de exdirectivos de esta empresa ante las autoridades peruanas, entre ellos el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Él confesó que la constructora brasileña aportó 3 millones de dólares a la campaña del “No” a la revocatoria durante la gestión de Susana Villarán.

Para mayo de 2017, Convoca.pe ya había revelado la existencia de pagos asociados a la concesionaria Rutas de Lima (que maneja el proyecto Vías Nuevas de Lima) que aparecían en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la oficina de sobornos de la empresa o Caja 2. Los montos estaban asociados a un sobrenombre (codinome): Budian, que hoy se sabe por Barata que pertenecía al exgerente municipal, José Miguel Castro, el mismo que influenció en el concejo edil para que se declare de interés la aprobación de la concesión del proyecto millonario, que luego terminó en manos de Odebrecht.

En ese contexto, el 27 de noviembre de 2017 se dicta el impedimento de salida del país para la exalcaldesa Susana Villarán y para José Miguel Castro, su exgerente municipal, sindicado como el que pidió la colaboración a Barata a nombre de Villarán.

Desde aquel día, tanto Castro como Villarán, se encargaron de negar rotundamente cualquier aporte de campaña por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, las nuevas revelaciones obtenidas por el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, encabezado por Rafael Vela, entre febrero y abril de 2019, con los interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht y OAS en Brasil, demostraron lo contrario.

Léo Pinheiro, expresidente de OAS, firmó el 12 de marzo último el acta de inicio del proceso de colaboración eficaz con fiscales peruanos en la sede de la Policía Federal de Curitiba, como reveló Convoca.pe Pinheiro se comprometió a hablar sobre las reuniones con políticos en Perú, pagos ilícitos y financiamiento de campañas electorales. Y finalmente, el viernes 26 de abril por cerca de cinco horas, el expresidente de OAS declaró ante fiscales peruanos que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, le agradeció el aporte de 3 millones de dólares de OAS para la campaña del “No" a la revocatoria.

Así también, otros colaboradores eficaces, según el requerimiento de prisión preventiva del fiscal Carlos Puma contra seis investigados por este caso, detallaron de qué manera la constructora brasileña OAS canalizó un total de 7 millones de dólares -3 millones para el “No" a la revocatoria, en el año 2013, y 4 millones para la campaña de reelección, en 2014- a favor de las campañas de Villarán.

Las empresas brasileñas tenían intereses claros: para Odebrecht era de suma importancia que un proyecto como Vías Nuevas de Lima, no se vea afectado de ningún modo y para OAS, era importante ampliar el periodo de la concesión de 30 a 40 años de Vía Parque Rímac, como finalmente sucedió con la firma de la adenda N°1 del contrato cuando Susana Villarán era la alcaldesa de Lima.

Estos hechos fueron los que finalmente desataron que la exalcaldesa de Lima reconociera el sábado 11 de mayo que tanto ella como su exgerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, sabían de los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas municipales del 2013 y 2014. Actualmente, Villarán se encuentra recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos, cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que el juez Jorge Chávez Támariz dictó en su contra. José Miguel Castro Gutiérrez cumplirá la misma pena de prisión preventiva.

Convoca.pe reúne en el siguiente especial las investigaciones y los hallazgos, las pruebas documentales y los indicios en torno al caso de corrupción que involucra como principal figura a Susana Villarán, y que ha determinado su prisión preventiva; junto a ella, también se piden esta medida para otros cinco implicados que tuvieron un papel dentro del entramado de pedidos, aportes, transacciones y gastos millonarios de las campañas del “No” a la revocatoria y de la reelección, que son investigados como parte del gran caso de corrupción Lava Jato. Este especial será actualizado con nuevas revelaciones sobre la exalcaldesa de Lima.

Reportajes